El futuro del decreto de la consulta popular en la Corte Constitucional quedó en manos del magistrado Jorge Ibáñez

El destino del 'decretazo' de la consulta popular firmado por el presidente Gustavo Petro quedó en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, quien, por sorteo, fue designado como ponente del caso que evaluará la legalidad de la decisión del Gobierno para convocar a las urnas el próximo 7 de agosto.

Ibáñez, quien también estudia la legalidad de la reforma pensional, vuelve a ser el protagonista de un debate de alta tensión institucional en el que el Ejecutivo insiste en la legitimidad de convocar al pueblo a las urnas sin el aval del Congreso. Sin embargo, sectores políticos, académicos y sociales denuncian un intento de eludir la separación de poderes y advierten una eventual inconstitucionalidad del decreto.

Mientras que la Corte Constitucional estudiará la legalidad del 'decretazo, el Consejo de Estado decidirá sobre la presunta nulidad de votación de la consulta popular en la plenaria del Senado, que hundió el mecanismo de participación popular, con 49 votos por el ‘no’.

En el centro del caso está la figura de la “excepción de inconstitucionalidad”, que Petro invocó para argumentar que el rechazo del Senado a su propuesta de consulta, ocurrido el pasado 14 de mayo, fue inválido por presuntas irregularidades en la votación. Con ese argumento, el jefe de Estado y todos los ministros del gabinete (incluidos interinos donde hubo ausencia) firmaron el decreto.

Las 12 preguntas que componen la consulta giran en torno a su reforma laboral y a medidas para formalizar trabajadores, mejorar condiciones en el agro, establecer recargos dominicales del 100 % y crear nuevas licencias para mujeres, entre otras iniciativas.

Pero más allá del contenido, lo que está en juego es si el Presidente puede o no saltarse al Congreso y es esa pregunta la que deberá responder el magistrado Ibáñez en su ponencia.

La Procuraduría ya abrió una indagación preliminar en contra de los ministros del gobierno Petro que firmaron el documento, por las condiciones en las que fue convocada la consulta.

En paralelo, ocho partidos políticos de oposición e independientes demandaron el decreto ante el Consejo de Estado, solicitando la nulidad por inconstitucionalidad de la consulta popular. 

El otro frente abierto estará en la Fiscalía. La senadora Paloma Valencia, el concejal Daniel Briceño, y el exministro Wilson Ruiz denunciaron por prevaricato a los ministros que firmaron el ‘decretazo’. Cuatro de ellos son encargados. La canciller, Laura Sarabia, y el ministro de Minas, Edwin Palma, están de viaje, y Montealegre no ha asumido el ministerio de Justicia. Tampoco firmó la ministra de Ambiente, Lena Estrada, sino su reemplazo.

El prevaricato aplica a los servidores públicos que profieren una resolución arbitraria, a sabiendas de que es contraria a la ley.

Si declara el decreto inexequible, la consulta no podrá realizarse y el Gobierno deberá buscar otros caminos, como una nueva propuesta al Congreso, la recolección de firmas o, incluso, una Asamblea Nacional Constituyente, como lo ha sugerido el propio presidente.