Las salidas jurídicas que tiene el Registrador frente a la 'papa caliente' de la consulta por 'decretazo'

La excepción de inconstitucionalidad, la figura jurídica que el gobierno del presidente Gustavo Petro usó para tratar de darle piso legal al polémico 'decretazo' de la consulta popular, podría ser también la puerta de salida para el inédito escenario creado por el Ejecutivo al desconocer el 'No' del Senado a la utilización del mecanismo de participación popular.

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Juristas y exmagistrados de la Corte Constitucional consultados por EL TIEMPO señalaron que el Registrador Nacional, que es la autoridad encargada de realizar las votaciones, una vez notificado del decreto del Gobierno tiene que certificar que se cumplen cabalmente los requisitos establecidos por el Artículo 104 de la Carta.

Entre esos requisitos está, además de la firma del Presidente y los ministros, el "previo concepto favorable del Senado de la República". Y como ese requisito no existe, el decreto presidencial, el 0639 del 2025, estaría claramente chocando con una norma superior, el mandato constitucional.

"Si no se cumplen todos los requisitos que establece el Artículo 104, el Registrador no puede proceder a la realización de la consulta. Frente a esa manifiesta situación, tiene todo el sustento legal para invocar la excepción de inconstitucionalidad y negarse a cumplir con el 'decretazo', explicó el jurista Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Herrera consideró inconsistentes las advertencias lanzadas por el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en el sentido de que si el Registrador aplicara la excepción de inconstitucionalidad frente al polémico decreto del Gobierno estaría incurriendo en prevaricato. "Es una enorme contradicción que además no tiene base legal ni constitucional, mucho más viniendo de un Gobierno que tuerce el concepto de excepción de inconstitucionalidad para tratar de saltarse una decisión legítima, la negativa del Senado", señaló. 

Agregó que contrario a lo que sostiene el presidente Petro, el Consejo de Estado está plenamente facultado para conocer del 'decretazo' y que la Corte Constitucional, dada la irregularidad de la vía utilizada por el Ejecutivo, podría determinar si así lo considera aplicar el control previo a la convocatoria. Y en ambos casos, anticipa, sería muy probable el escenario de la suspensión cautelar del decreto mientras las dos cortes deciden de fondo.

El Director de Excelencia en la Justicia coincide con otros expertos en derecho en que el Registrador podría también acudir a la Sala de Consulta del Consejo de Estado para poner a su consideración el escenario planteado por el 'decretazo'. Ese concepto no obliga, pero les da validez a las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos.

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La excepción implica la inaplicación de una norma o actuación pública por ser manifiestamente contraria a la Carta Política.

En una tesis que ha sido rebatida desde casi todos los sectores políticos y jurídicos --salvo los del mismo Gobierno-- el Presidente decidió decretar el llamado a las urnas para el próximo 7 de agosto declarando contraria a la Constitución la votación del pasado 14 de mayo en el Senado, que negó la consulta. Según su posición, cinco supuestos vicios insubsanables implicarían la inexistencia legal de esa decisión. 

Las normas dicen que si pasados 30 días desde la radicación de la solicitud de consulta no hay una decisión favorable o negativa del Senado, el Ejecutivo puede decretar directamente la consulta. En este caso hubo votación mayoritaria por el No, pero Petro y sus ministros sostienen que no es válida y por lo tanto podían saltarse el requisito contemplado en el Artículo 104 de la Carta. 

Para el exregistrador y experto en temas electorales, Alfonso Portela, lo más conveniente sería esperar la decisión judicial. “Si existe alguna duda, tranquilamente puede abstenerse de adelantar los trámites respectivos. Podría decir que hasta en tanto la justicia no se pronuncie de fondo no continuará el trámite”, dice.