UNGRD: defensa de César Manrique fracasa en intento de tumbar imputación en su contra; caso seguirá en juzgado

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia zanjó un conflicto de competencias que la defensa del ex director de Función Pública, César Manrique, le había dirimido. Se amparaban en su fuero constitucional para que fuera imputado por el Tribunal Superior de Bogotá, en el caso por el saqueo a la UNGRD, argumento que fue descartado por el alto tribunal.

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Durante la audiencia de imputación contra Manrique, excompañero del M-19 del presidente Gustavo Petro, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos, su defensa argumentó que algunas de las conductas estaban relacionadas con el cargo que ocupaba y que, debido al fuero que implica dicha dignidad, el juez competente debía ser el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia se llevaba a cabo ante la Juez 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y fue citada por la Fiscalía en el proceso que lleva contra altos funcionarios, entre estos el ex director del Dapre y también ex M-19, Carlos Ramón González, por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Desastres (UNGRD).

En esta investigación, la exsecretaria para las Regiones, Sandra Ortiz, también fue imputada por lavado de activos y tráfico de influencias, y espera tras las rejas el juicio.

“Para la Sala de Casación Penal no se advierte que el indiciado haya ejecutado las conductas que la Fiscalía le atribuye en desarrollo, con ocasión o en razón de las funciones propias del cargo de director del Departamento istrativo de la Función Pública”, dijo la Corte Suprema sobre Manrique.

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Para la Corte, los hechos relatados que derivaron en los cuatro cargos se concretaron en el marco de acuerdos informales de “índole personal o política, con directivos de la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, encaminados al direccionamiento de procesos contractuales y al eventual recibo de dádivas derivadas de tales gestiones irregulares”.

Con esta decisión, el proceso seguirá en el Juzgado 66 de control de garantías y se reanudará la audiencia de imputación de cargos contra Manrique y otros siete funcionarios y contratistas salpicados en el escándalo.

Manrique viene de ser condenado en primera instancia hace tres meses por una contratación ilegal en la que incurrió durante la alcaldía de Bogotá del hoy presidente Gustavo Petro. Ahora deberá responder por los delitos que le investiga la fiscal María Cristina Patiño.

Se le señala de un presunto direccionamiento de contratos dentro del entramado de corrupción de la UNGRD, a través de convenios con la Agencia Nacional de Tierras. Por este escándalo, al menos 18 altos funcionarios —entre directores de entidades y congresistas— están siendo investigados.

Sobre Manrique, la fiscal sostuvo que “desde mayo de 2023 acordó con Olmedo López vincular en un cargo directivo de la UNGRD a Luis Carlos Barreto, como cuota política en la entidad. En desarrollo de ese acuerdo, Barreto fue posesionado en junio como subdirector de Conocimiento. En septiembre de 2023, usted aceptó con López y Barreto asistir a una reunión con funcionarios de la ANT y la UNGRD, con el propósito de dar celeridad al trámite de reducción y liberación de recursos del convenio 9677CV0200212023 suscrito entre estas entidades, a cambio de controlar la contratación por el valor de esos recursos”.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, y Pedro Rodríguez Melo, asesor jurídico, fueron los primeros condenados por este entramado.

Redacción Justicia