La medición de Naciones Unidas sobre las cifras de la coca en Colombia durante el año 2023 –las últimas disponibles y cuyos resultados llevaron al Gobierno Nacional a elevar una solicitud de revisión ante el secretario de la ONU, António Guterres– ha sido revelada en su totalidad luego de la ratificación, punto por punto, de las graves alertas contenidas en ese informe técnico.
Que los cultivos llegaron a las 255.000 hectáreas (estaban en 230.000 en 2022) y que el potencial de productividad de cocaína se disparó a las 2.663 toneladas (un 53 % más que el año anterior) fueron las conclusiones del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) conocidas a finales del año pasado. El documento completo aborda otros frentes de análisis que demuestran que la culebra del narcotráfico, por desgracia, sigue viva y no para de crecer.
En 2023 los narcocultivos aumentaron un 10 por ciento con respecto al área detectada en 2022. Pero en ese mismo lapso la cosecha y su potencial para transformarse en cocaína crecieron en proporciones muy superiores. Así, la producción de hoja fresca, que es de donde los narcos obtienen el alcaloide, se disparó entre 2022 y 2023 un 50 por ciento, al pasar de 1’410.600 a 2’108.600 toneladas. La potencial producción de cocaína por hectárea pasó de 6,4 toneladas por año a 8,5 toneladas (un 33 por ciento más).
Urge replantear la lucha. Más ahora, con las crecientes tensiones con el Gobierno de Estados Unidos y el riesgo de una descertificación.
Las cifras de incautaciones aumentaron un 13 por ciento entre los dos años, al pasar de 659 toneladas a 746; y en 2024 el salto fue aún mayor: 848 toneladas. Lo grave es que las cifras de la destrucción de narcocultivos cayeron en un 70 por ciento. Los narcos logran poner en las calles de Colombia y el mundo mucha más cocaína y, por ende, sus ganancias y su poder de violencia y corrupción son mucho mayores.
Ante esta triste y compleja realidad, la lucha contra un enemigo tan poderoso y potencialmente desestabilizador como el narcotráfico no puede basarse en conceptos ideológicos. Incrementar, como lo viene haciendo Colombia hace décadas, los esfuerzos por incautar los alijos de cocaína termina siendo inocuo si no solo aparecen más cultivos, sino que las mejoras científicas de los narcos y la fortaleza de las matas que llevan años sin ser afectadas les permiten a los capos producir cada vez más cocaína –con altísima afectación ambiental–, mientras el Estado mantiene tozudamente una estrategia que no ha permitido frenar las siembras ilegales y no logra resultados notorios en la sustitución del cultivos.
Las secuelas son dañinas por todo lado. La medición de la ONU advierte que los grupos armados "fomentan prácticas de deforestación y producción clandestina de sustancias químicas, entre otras actividades necesarias para elaborar grandes cantidades de alcaloide. Esto implica una mayor demanda de agua, tanto para los cultivos como para procesos como la disolución de químicos y el lavado de materiales".
Es urgente replantear la lucha. Más ahora, con las crecientes tensiones con el Gobierno de Estados Unidos y el riesgo de una descertificación. Es hora de un alto en el camino para aterrizar a la realidad del territorio las políticas públicas y hacer los ajustes que permitan empezar a disminuir el mar de coca en el que navegan, casi a sus anchas, las mafias del país, que tanto daño están haciendo a la sociedad.