La 59.ª Convención Bancaria, en específico el ‘La voz de las ciudades’, del que hice parte con algunos mandatarios locales y el Fondo Nacional del Ahorro, fue el escenario para compartir con los actores interesados en nuestro sector y con el país el cambio de la política habitacional, uno que incorpora una perspectiva integral del hábitat, que reconoce la diversidad de los territorios, sus correlaciones y dinámicas y que pone al agua como eje central del ordenamiento territorial.
La forma como nos asentamos en los territorios es una visión prospectiva de la construcción del mundo humano. Los desafíos climáticos, sanitarios y energéticos han estado siempre presentes, orientando las formas de habitar y configurar los espacios. Por ello, nuestro Programa de Gobierno implica una promesa de valor que promueve el ordenamiento territorial alrededor del agua con determinantes ambientales que inciden en el cuidado de la vida y de los ecosistemas. Así, nuestra política reconoce las distintas formas de habitar y ordenar el territorio basadas en la diversidad biológica, cultural y regional del país.
En cumplimiento de las metas incluidas en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, entre 2022 y 2024 hemos logrado reducir el déficit habitacional en un 3,6 %, un avance concreto para asegurar condiciones adecuadas de vivienda en el país. Y es que el déficit cuantitativo muestra una reducción sostenida, con corte a 9 de mayo de 2025 se han beneficiado 216.047 hogares, lo que significa un 97 % de cumplimiento de la meta del cuatrienio. El trabajo y el compromiso en lo que resta de nuestro Gobierno se concentrará en también cumplir la meta relacionada con el déficit cualitativo.
Atender el déficit cualitativo significa entender que en Colombia 3,7 millones de hogares tienen carencias habitacionales y que más de la mitad de las viviendas urbanas, y casi todas las rurales, han sido autoconstruidas y/o autogestionadas, barrios y veredas que tienen como aliados el tiempo y el trabajo colectivo. A través del mejoramiento de vivienda es como se reconoce que la vivienda no es un fin, un producto de consumo, sino un medio para mejorar la calidad de vida de las comunidades, incrementar sus ingresos y garantizar la sostenibilidad del territorio.
Y por eso hemos expedido decretos, con vasos comunicantes, que desarrollan nuestra política: el Decreto 413 de 2025, de mejoramiento de vivienda; el Decreto 585 de 2025, que regula el Programa de Autoconstrucción y Autogestión, y el Decreto 1470 de 2024, de Barrios de Paz; los tres promueven que las familias puedan desarrollar sus proyectos de manera colectiva, fortalezcan el trabajo comunitario y cuenten con soluciones adaptadas a las necesidades locales y al medio ambiente.
El espacio de Asobancaria me permitió reiterar nuestro compromiso irrenunciable, de la mano del sector financiero, de promover la democratización del crédito para impulsar estos procesos, donde el Fondo Nacional del Ahorro, nuestra banca pública, dé ejemplo de productos financieros adecuados para el mejoramiento de vivienda y el desarrollo de proyectos a través de organizaciones populares de vivienda, que promueven energías renovables y la economía circular. Vi con alegría cómo toda la banca se suma a estos procesos, ejemplo de ello es el otorgamiento de Davivienda del primer crédito a una organización popular de vivienda de Popayán –Fundación Construsocial–.
La vivienda es relevante para activar el ecosistema financiero que contribuye a la política que impulsamos, Nuestro Hábitat Biodiverso, que promueva la equidad, la sostenibilidad, la justicia ambiental, la participación comunitaria y la paz territorial.