Armando Benedetti insiste en la consulta popular vía decreto y arremete contra Efraín Cepeda: 'No dio ni garantías'

El ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que el Senado no se ha pronunciado sobre la consulta popular presentada por el gobierno de Gustavo Petro el 1. º de mayo, por lo que el Ejecutivo estaría habilitado para convocar al pueblo a las urnas vía decreto.

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“Ya van dos expresidentes de la Corte Constitucional que dicen que el presidente Gustavo Petro sí puede convocar la consulta popular por decreto debido a la cantidad de irregularidades que conllevan a la inexistencia del hecho y a su carencia de efectos. Siempre será bienvenido el debate. Garantizar la participación ciudadana es uno de los elementos fundamentales de la Constitución que hay que proteger”, aseguró el ministro este lunes 2 de junio en su cuenta de X.

Además, el jefe de la cartera política insistió en que no hubo garantías durante la votación, que en un primer momento calificó como fraudulenta, aunque hasta ahora no se ha corroborado dicho fraude.

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“Efraín Cepeda no dio ni garantías, ni transparencia, ni tranquilidad. Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la consulta popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y jugaditas. Y también hoy hay huelga porque hay un Congreso que aún no quiere restaurar los derechos laborales de la clase obrera”, añadió en otra publicación en la misma red social.

Esta tesis la viene promoviendo Benedetti desde la semana anterior, cuando en medio de la discusión de la reforma laboral en la Comisión IV del Senado —que fue aprobada en su tercer debate—, anunció que por supuestos vicios de procedimiento la plenaria no tomó ninguna decisión con respecto a la consulta.

“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1. º de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular. La Ley 5.ª de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Entonces, el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, dijo Benedetti en rueda de prensa.

Sin embargo, hay todo un debate alrededor de esta tesis, que varios sectores consideran una jugada para pasar por encima del Congreso.

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Si efectivamente hubo una irregularidad cuando el Senado votó la consulta popular —la cual fue negada con 49 votos contra 47—, no corresponde al Legislativo tomar una decisión sobre el caso, sino que es una facultad exclusiva del poder judicial.

"Existe una presunción de legalidad sobre el acto. Si hubo irregularidades, corresponde a los jueces determinarlo, no al Gobierno. Esa calificación es competencia exclusiva de los jueces, quienes podrían anular la decisión que negó la convocatoria. El camino legal es presentar una nueva consulta, como ya se hizo anteriormente, y esta debe volver a tramitarse conforme a la agenda del Congreso”, argumentó, por ejemplo, el exconsejero de Estado Alberto Yepes Barreiro.

Pero otra es la postura del Gobierno. El propio presidente argumenta que simplemente estarían cumpliendo la ley al convocar la consulta vía decreto, y sostiene la tesis de que esto lo pueden hacer en cualquier momento.

“Hoy por hoy, la consulta popular es decretable de acuerdo con la Constitución y la ley. El poder soberano no se puede acallar en una democracia”, aseveró el jefe de Estado en su cuenta de X este domingo 1. º de junio.

Desde varios sectores se prendieron las alarmas por el anuncio de Benedetti de convocar la consulta popular vía decreto.

El expresidente César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, alertó sobre el riesgo para la separación de poderes e hizo un llamado para rodear a las instituciones.

“El funcionario del Ejecutivo que pretenda suplantar de hecho a los jueces constitucionales, declarando viciado el concepto emitido por el Senado, estará cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas, entre otros. Convocar la consulta por decreto sería incurrir en el delito de prevaricato, además del desconocimiento del principio de separación de poderes”, aseveró Gaviria.

Cepeda, por su parte, ha insistido en que se dieron todas las garantías y anunció que si ese decreto es emitido, será demandado.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política