Un reportaje de la revista mexicana Proceso, publicado el fin de semana, reveló cómo algunos exmilitares colombianos, con conocimientos y experiencia, están siendo contratados por los carteles mexicanos. También se habla de exguerrilleros.
La noticia preocupa. Si bien al firmarse la paz con las Farc expertos advirtieron que una consecuencia negativa del fin de este conflicto sería esta, el constatar que se está cumpliendo con lo advertido de cualquier manera inquieta. Ya habíamos tenido una primera alerta con el episodio del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse.
No es solo un asunto de imagen. Va más allá de la preocupación válida de que Colombia termine siendo conocida como país exportador de personas poseedoras de conocimientos bélicos, algunas incluso merecedoras del apelativo, siempre peyorativo, de mercenarias. Es un tema que alcanza a ser de seguridad nacional, además de constituir un reto en materia de gestión del posconflicto.
Preocupa que el crimen organizado, como los carteles mexicanos, no solo actúen en el país como compradores de coca, sino que estén en plan de reclutar mano de obra, generando estímulos para que existan redes –criminales y temibles, claro– que se encarguen de la tarea. Y es que parte de los esfuerzos que hay que hacer una vez se firma un acuerdo de paz es darles alternativas a quienes combatieron para que puedan dejar atrás esas destrezas que la guerra les obligó a adquirir y capacitarse en nuevos oficios para lograr tener una nueva vida en la sociedad.
Este fenómeno en particular es indicador de que la Fuerza Pública puede hacer mejor el trabajo de acompañamiento de quienes, por una u otra razón, abandonan las filas. Y esto por no mencionar el conocimiento y la información sensible que han de ser un incentivo adicional para los reclutadores.