¿Quién es Eduardo Montealegre, el nuevo ministro de Justicia? El mensaje político del Gobierno con su designación

Eduardo Montealegre Lynnet, uno de los juristas con más experiencia institucional en el país –fue juez municipal, fiscal general, viceprocurador y magistrado de la Corte Constitucional –, y a la vez uno de los más polémicos y cuestionados, será el tercer ministro de Justicia del gabinete del presidente Gustavo Petro. 

(También le puede interesar: Balance de las Salas de Descongestión Laboral de la Corte Suprema: cierran periodo de 8 años con 27.116 sentencias)

Aterriza en el cargo después de haber asesorado al Gobierno en los últimos tres años y apenas días después de convertirse en la cara visible del grupo de abogados que elaboró la polémica tesis jurídica con la que el jefe de Estado defiende su idea de decretar la consulta popular que fue hundida por la plenaria del Senado el pasado 14 de mayo y que ha sido señalada desde amplios sectores como un intento de golpe a la separación de poderes y a la Carta del 91.

Según su interpretación, el Presidente podría acudir al llamado ‘decretazo’ sin mediar una demanda ante la justicia contra la decisión del Senado, que es camino que establecen la Constitución y las leyes. Así, ha sostenido que el Presidente de la República supuestamente no debe esperar a la actuación de un juez para “hacer prevalecer la Constitución”. 

De hecho, esa posición controversial le anticipa de entrada dificultades en su relación con los poderes legislativo y judicial. “Es un mensaje clarísimo que manda el Presidente sobre el nivel de radicalización con el que terminará su gobierno. Las dos propuestas más polémicas de su mandato —la de una constituyente supuestamente amparada en el acuerdo con las Farc y la del ‘decretazo’ de la consulta popular— han sido asesoradas jurídicamente por Montealegre. Esto marcará la pauta. Es también una ruptura con la línea técnica de los dos ministros de Justicia anteriores”, aseguró el analista y columnista Fernando Posada.

(Complemente su lectura: Los enredados caminos jurídicos del 'decretazo' de la consulta popular: dos cortes tienen facultad para revisarla)

“El Presidente perdió una oportunidad de oro para acercarse los altos tribunales, teniendo en cuenta que Montealegre es un crítico permanente de los magistrados y sus decisiones. Sobre todo después de la salida de una ministra tan reconocida como Ángela María Buitrago”, aseguró otra fuente del mundo jurídico. 

Montealegre, que fue reconocido como víctima en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe y es uno de los más duros contradictores del expresidente, antes fue cercano a él. Incluso fue uno de los padres jurídicos del referendo de la segunda reelección que hundió la Corte Constitucional en el 2009. 

La relación de Montealegre con su nuevo jefe, el presidente Gustavo Petro, ha sido fluctuante. Así, hace dos semanas envió a través de una cadena de WhatsApp un duro mensaje cuestionando la llegada de Héctor Carvajal, abogado personal de Petro, como magistrado de la Corte Constitucional. “La elección de Carvajal como magistrado de la Corte es la bancarrota ética del Gobierno de Gustavo Petro. Impresentable. Eligieron un bandido. Resistencia moral! No hay otro camino ante la arrogancia dr. Petro. No más corrupción! Basta ya, Petro!”, escribió. 

La intención del Gobierno de sacar adelante su consulta popular a pesar de la decisión del Senadlo reencauchó en la Casa de Nariño, a la que el año pasado se acercó con el excanciller Álvaro Leyva (hoy enemigo de Petro) para promover la polémica idea de que podía convocar una asamblea constituyente sin pasar ni por el Congreso ni por la Corte, en una interpretación del Acuerdo del 2016 que fue rechazada de plano por Juan Manuel Santos, cuyo gobierno firmó la paz con las Farc.

Las polémicas, a las que no rehúye, han marcado su paso por los altos cargos de la justicia y el ejercicio de su profesión. Renunció a mitad de periodo como magistrado de la Constitucional y fue ternado a la Fiscalía por el gobierno Santos, del que también terminó distanciado. 

En su Fiscalía recibió críticas por la equívoca incriminación y la captura del exdiputado del Valle Sigifredo López, a quien el ente acusador y la Dijin señalaron de ser colaborador del bloque occidental de las Farc, el mismo grupo que lo secuestró y asesinó a sus 10 compañeros. 

También fue polémica su asesoría a Carlos Palacino, el ‘zar’ de Saludcoop condenado por el saqueo a la que llegó a ser una de las EPS más grandes del país y cuya historia es frecuentemente citada por el presidente Petro como ejemplo de corrupción en el manejo de las platas de la salud. 

Redacción Justicia