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Después de una demanda ciudadana y 14 años, resolvieron problema de movilidad de comunidad en el norte de Bogotá

Por falta de s en la calle 80 con Boyacá, un habitante presentó acción popular que hoy muestra resultados.

Problemas de en la 80 con Boyacá motivaron acción popular. Foto: IDU

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Imagine estar en una silla de ruedas o tener que desplazarse con un par de muletas y enfrentarse al reto de cruzar un puente sin s adecuados para personas con movilidad reducida. De noche, la situación se agrava: la escasa iluminación vuelve el paso más peligroso, tenebroso incluso, y facilita la ocurrencia de delitos. Esta era la realidad de los ciudadanos que debían atravesar la avenida Boyacá con calle 80, en la localidad de Engativá.
Los habitantes de los barrios Santa María del Lago y Bonanza vivían en carne propia la dificultad de movilizarse por su ciudad debido a estas condiciones. El malestar y las afectaciones causadas por una infraestructura que no fue diseñada de manera incluyente para personas con discapacidad —y que además carecía de elementos de seguridad— llevaron a que, en 2009, se interpusiera una acción popular contra la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Bogotá mayo 15 de 2025. Obras del ciclopuente del corredor de la calle 80 con avenida Boyacá. Foto:Milton Díaz/ El Tiempo

La acción popular fue fallada el 16 de mayo de2011, tres años después de su presentación, y como resultado se ordenó la construcción de un nuevo puente peatonal y ciclopuente sobre la avenida Boyacá con calle 80.
Gracias a este fallo, se le exigió al IDU a ejecutar una obra que garantizara un paso seguro, especialmente para personas con movilidad reducida, dado que el puente existente no cumplía con esta función.
Además, se determinó que debía mejorarse la seguridad vial en una zona de alto flujo vehicular, promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y facilitar la movilidad tanto para peatones como para bicis.
El fallo del tribunal en segunda instancia —lo que significa que el proceso fue revisado en dos ocasiones— derivó en la firma del contrato DU-1831 de 2021, para los estudios, diseños y construcción del puente peatonal y ciclopuente. La inversión supera los 29 mil millones de pesos.
Esta decisión respondió a una necesidad sentida de la ciudadanía. Según el Concejo de Bogotá, con corte al veinticinco de enero, en la ciudad hay 18.626 personas con algún tipo de discapacidad: el 7,2 por ciento presenta discapacidad física y el 2,3 por ciento, discapacidad visual.

Construcción de los puentes. Foto:IDU

El desarrollo de la obra y las trabas en su camino

El contrato de este proyecto fue firmado el 23 de diciembre de 2021 y comenzó su ejecución el 20 de enero de 2022. Desde entonces ha tenido varios cambios: se han firmado diez prórrogas y modificaciones para ajustar tiempos y costos del proyecto. 
Con la última modificación, el plazo total del contrato se amplió a 33 meses y 20 días. Dentro de ese tiempo, la etapa de construcción quedó definida en 17 meses y 20 días, incluyendo un mes adicional para el recibo de la obra.
La empresa contratista CYG, responsable de este proyecto, pidió esta prórroga porque tuvo retrasos en dos sectores específicos de la obra (llamados frentes 2 y 6). La interventoría, a cargo del Consorcio Movilidad Peatonal, revisó el caso y concluyó que la responsabilidad del atraso fue completamente del contratista. Por eso, se decidió que todos los costos asociados a la extensión del tiempo debían ser pagados por CYG.

Ciclopuente cuando estaba en un 88,72 % de avance. Foto:IDU.

Uno de esos costos es el valor adicional de la interventoría, que equivale a 201'656.498 de pesos. Este monto será descontado de los próximos pagos que reciba la empresa, o, si no alcanza, del dinero final al terminar el contrato. Pese a estos cambios, el objeto de este no cambió.
En este proceso, el contratista no presentó ninguna reclamación económica por la prórroga, según consta en el contrato de la obra, aunque se guardó el derecho de hacerlo más adelante si lo consideraba necesario.
Por su parte, el IDU dejó claro que no renuncia a su derecho de sancionar al contratista si en algún momento se prueba un incumplimiento.
Finalmente, las partes firmaron un compromiso de transparencia y anticorrupción, donde aseguraron que no hubo sobornos ni irregularidades en este ajuste al contrato, y se comprometieron a denunciar cualquier intento de corrupción que se llegue a presentar.
Luego de un largo proceso y múltiples complicaciones, la construcción del puente peatonal de la avenida Boyacá con calle 80 ya casi está terminada. Según el IDU, el trabajo realizado va en un 99,33 por ciento. Aunque oficialmente el contrato sigue en ejecución, estos números muestran que la obra está en su etapa final y por fin podrá cumplirle a los ciudadanos. 
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ
X: tmorenoq
tatqui@eltiempo.com

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