Oficina de comisionado Otty Patiño responde a exparas que renunciaron a gestorías de paz: dice que se mantienen

A través de un breve comunicado, la oficina del consejero comisionado de paz, Otty Patiño, se pronunció sobre la "suspensión del encargo" de 16 exparamilitares que habían sido designados como gestores de paz por supuestos incumplimientos de dicha dependencia. La oficina de Patiño señaló que las gestorías permanecen vigentes y que su prioridad es establecer espacios en favor de las víctimas, más no instalar una mesa de negociación.

"Desde la Consejería de Paz hemos brindado acompañamiento a los gestores designados en el desarrollo de sus planes de gestión, así como facilitado su participación en espacios físicos y virtuales, articulando su viabilidad con otras entidades del Estado y gestionando lo necesario ante las autoridades judiciales y istrativas correspondientes, incluso para los gestores privados de la libertad en el exterior", se lee en el comunicado.

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"Reiteramos que la satisfacción de los derechos de las víctimas es fundamental en el desarrollo de estas gestorías de paz. Por ello, no se ha planteado revocar las gestorías actualmente vigentes, cuya prórroga se mantiene hasta el 8 de julio próximo (Resolución 152 de 2025) y, cuya continuidad, con base en los avances en los planes de trabajo, será evaluada en su momento por el Presidente de la República", aclaró la oficina del consejero comisionado de paz.

En el pronunciamiento, se aclara que el propósito de estas gestorías ha sido el de contribuir a cerrar asuntos pendientes del proceso de paz con las extintas AUC, en particular frente al incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado y ante la deuda histórica con las víctimas de la violencia paramilitar en la que los "gobiernos anteriores fallaron en términos de búsqueda de la verdad, reparación y no repetición".

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Ahora bien, se subraya que el objetivo es facilitar los espacios necesarios para que los gestores materialicen acciones a favor de las víctimas, bajo el hecho de que las AUC no existen como grupo armado, que sus integrantes han transitado a la vida civil y que, por lo tanto "no es viable negociar en un proceso de paz", sino aportar a la verdad que aún requiere el país sobre la violencia paramilitar".

Los exparamilitares aseguraron que las designaciones se convirtieron en un gesto simbólico y señalaron que, pese a que había un compromiso para instalar la mesa antes del 20 de mayo -plazo que se extendió hasta el 4 de junio-, la oficina de paz del Gobierno no cumplió. Además, también hablan de diferencias con María Paz Lara, mano derecha de Patiño, y con Álvaro Jiménez, jefe negociador en los acercamientos con el ‘clan del Golfo’.

“Los incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas, la lesiva falta de transparencia y la abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas, la falta de gestión efectiva y voluntad política por parte de dicha oficina han minado la confianza”, se lee en la carta que se conoció esta semana, en la que se solicita al presidente Petro que los reciba de manera privada.

El principal interés de quienes aceptaron la figura de gestores de paz era la instalación de su propia mesa de negociación, una demanda que venían planteando insistentemente desde enero. En ese sentido, el 29 de abril en Montería, y bajo la coordinación del Centro Nacional de Memoria Histórica -no de la oficina de Patiño-, se dio inicio a un nuevo escenario de conversación.

Esta situación generó tensiones entre la entidad encabezada por María Gaitán Valencia y la oficina del comisionado, desde donde se consideraba inviable y poco pertinente la creación de una mesa de negociación con exintegrantes de grupos paramilitares que se desmovilizaron hace más de dos décadas.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política