¿Incendiar la Corte?

No le bastó con el intento de echarles encima los estudiantes a la Corte Constitucional, al afirmar que fue por culpa de ese tribunal por lo que subieron las cuotas de los créditos del Icetex. No importó que la decisión de declarar inexequible el artículo 95 de la reforma tributaria de 2022 (que permitía otorgar una tasa de interés cero + IPC a 77.000 jóvenes con créditos educativos) se debiera a que incumplió los principios de consecutividad e identidad flexible que exige la ley, pues no fue debatido en las comisiones económicas del Congreso. La falta de un debate integral en alguna fase del proceso legislativo invalida cualquier disposición.

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Ahora, el presidente Petro trata de echarle la ciudadanía encima a la Corte Constitucional diciendo que si tumba los decretos de conmoción interior para el Catatumbo, "el país perderá la frontera". Vaya manera de presionar a la Corte. Resulta que, lejos de un esquema de cooperación internacional por la acción humanitaria y la lucha contra el narcotráfico, como han anunciado Petro y Maduro, ahora sí "estamos ante un problema de soberanía nacional".

La argumentación que sostiene la conmoción es muy frágil. El artículo 213 de la Constitución Política establece que: "En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior".

En el Decreto 62 de 2025, que declara la conmoción, queda en evidencia que, primero, los enfrentamientos entre los grupos armados no son algo nuevo. Que los ataques y las hostilidades contra la población civil tampoco lo son. Y que su ocurrencia es promovida y financiada, entre otros, por las actividades y economías ilegales en la región. Y, segundo, que la recurrencia de estos fenómenos ha afectado gravemente las funciones esenciales del Estado (la prestación de servicios públicos, el notariado y registro, el a la justicia, la educación, los servicios sanitarios y los servicios de alcantarillado y acueducto).

Aun cuando el decreto afirma que "las atribuciones ordinarias de la Fuerza Pública y de las autoridades de Policía no resultan suficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia y para conjurar la situación de grave perturbación del orden público", no reconoce la decisión institucional de evitar los ataques y hostigamientos de la Fuerza Pública a los grupos armados ilegales, como consecuencia de la política de 'paz total'. Ante la intensificación de los ataques y hostilidades del Eln, antes que ordenar a las Fuerzas Armadas contener a los atacantes y recuperar el control territorial, no solo no desactiva las medidas de cese del fuego para el Catatumbo tomadas en el marco de la 'paz total', sino que limitó su acción a una especie de cruz roja. Es decir, labores del apoyo humanitario a través de helicópteros o de la Aviación del Ejército, para el rescate de personas heridas y amenazadas; o el establecimiento de puestos de mando en las bases militares para atender personas amenazadas.

Después de 50 días de acciones armadas del Eln, apenas se reporta una captura y una baja de los de esa organización, mientras las bajas y los heridos de las Fuerzas Militares son sustancialmente mayores. Los armados ilegales siguen con el control territorial. Y en el consejo de ministros, el Gobierno haciendo anuncios de intervención que claramente no se van a poder realizar.

En su propósito de eludir la responsabilidad política y istrativa que tiene por las malas decisiones (como las que tienen al Catatumbo sumido en un ataque que ya lleva 76 homicidios, 5 desaparecidos, 55.659 desplazados y 23.860 personas confinadas), el Presidente no tiene problema en torcer la realidad de los hechos para culpar de lo sucedido a la Corte Constitucional. Un nuevo intento por socavar la legitimidad de las cortes. Una tergiversación que cada vez está más cerca de llamar a incendiar las cortes.