'Ojalá se arrepientan al borde del abismo': exministro Cristo criticó decretazo de la consulta popular del Gobierno

Para medir las implicaciones jurídicas del polémico ‘decretazo’de la consulta popular, la Universidad Externado convocó a voces expertas, de la academia e incluso del mismo núcleo del Gobierno, en un seminario.

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Aunque el Presidente había considerado congelar la firma para distensionar el enrarecido ambiente político, se reversó. A través de X, su tribuna habitual, anunció que, ante el cese de la discusión de la reforma laboral durante dos días –en solidaridad con el atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe, y que lo tiene entre la vida y la muerte–, haría el llamado a las urnas, pese al concepto negativo del Senado.

El evento fue instalado por el rector Hernando Parra Nieto, quien se refirió al atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

"Los hechos atroces del fin de semana, que nos remontan al pasado, son una prueba contundente de que los más temidos males de la intransigencia han vuelto a merodear la actividad política en Colombia. La coyuntura, agudizada por ese horripilante hecho, no nos ha hecho retroceder 30 años, como algunos afirman, sino 75. Las instituciones también podrían clausurarse tácitamente", sentenció.

En el siguiente, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y los académicos Héctor Riveros, Humberto Sierra Porto y Floralba Padrón pusieron sobre la mesa "la violación a la separación de poderes" que implicaría el llamado a las urnas sin respetar la decisión del Congreso.

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"Yo soy partidario de la reforma laboral. En este caso, por ejemplo, si lo que se quiere es que las conquistas laborales se hagan pronto, debe tramitarse por el Congreso. La consulta es un mandato al Legislativo que requiere ser tramitado por este conducto regular", explicó el exprocurador y exfiscal Gómez Méndez, quien además mencionó que el llamado 'decretazo' significaría una clara violación a la Constitución, al pretender que el presidencialismo reemplace no solo al Congreso sino también al poder judicial, al considerar, sin la decisión de un juez, supuestos vicios de trámite en la votación.

El exministro del gobierno Petro, Juan Fernando Cristo criticó duramente el 'decretazo' y aseguró que "ojalá el Gobierno se arrepienta al borde del abismo. Argumentó que el Congreso tomó una decisión que no le corresponde al Ejecutivo determinar si es ajustada al derecho o no. Esta es una competencia que tiene el Consejo de Estado.

"No aguantaría ni una semana en la Corte a la que llegue, que serían la Constitucional y el Consejo de Estado. Pero además no considero que la votación del 14 de mayo esté viciada. Fue una habilidad del presidente del Congreso (Efraín Cepeda), pero acogido a la Ley Quinta", afirmó.

El también excongresista recordó el episodio del hundimiento por un voto en el Senado de las curules de paz, que también fue impugnado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Dijo que esa vez, en 2017, ocurrió "un conflicto de interpretación", pero el mandatario acudió al instrumento designado por la Constitución: demandó ante el Consejo de Estado, que le terminó dando la razón.

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Precisamente, la Constitución del 91 le puso un peaje a los mecanismos de participación ciudadana como la consulta, los plebiscitos y los referendos: el concepto favorable del Congreso. La iniciativa del presidente Petro naufragó en el Capitolio con 49 votos por el 'no' y 47 por el 'sí', un resultado que, alegando irregularidades en el cierre del registro, entre otras, el Gobierno desconoció, facultándose para decretarla.

El abogado y periodista Héctor Riveros alertó que el 27 de junio se vence el plazo para que el Senado se pronuncie sobre la consulta popular 2.0, que incluye las 14 preguntas sobre la reforma laboral que fueron negadas inicialmente, y le agrega cuatro más sobre salud.

El documento tuvo que ser retirado de la Secretaría del Senado porque traía la firma del ministro delegatario Guillermo Alfonso Jaramillo. El 27 de mayo fue radicado nuevamente, esta vez de forma correcta, con la firma del presidente Gustavo Petro. Constitucionalmente, el Congreso tiene un mes para emitir su concepto.

Esta carrera contrarreloj —con la reforma laboral en su último debate y a escasos diez días de cerrarse la legislatura— abriría un nuevo escenario jurídico sobre la facultad del Ejecutivo para decretar este mecanismo, en caso de que el Senado no alcance a votarlo dentro del plazo de 30 días.

"Lo importante de los mecanismos de participación es que tengan requisitos tan exigentes que sean casi imposibles de cumplir, pero que funcionen como una amenaza para que, en caso de que el Congreso no emita su concepto, por ejemplo, se faculte al Presidente para convocarlos por decreto. De eso se trata la democracia participativa", dijo el jurista.

Sobre los riesgos jurídicos a los que se exponen el Presidente y los ministros que firmen el decreto —si este llega a ser declarado inconstitucional por la Corte—, el profesor Ramiro Bejarano aseguró que podrían estar incurriendo en prevaricato.

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"Es evidente que el acto que votó el Senado, con base en el cual se rechazó la consulta popular, es un acto legítimo. Si el Gobierno decreta este mecanismo y convoca a la consulta, sería ilegítima y tendría todas las consecuencias jurídicas y constitucionales que contempla la ley", afirmó.

Sierra Porto, exjuez de la Corte IDH, profundizó en la preocupación por la extralimitación presidencial de llevarse a cabo el ‘decretazo’ de la consulta y aseguró que, detrás, están los fines “electorales de una campaña anticipada, de cara a las presidenciales y legislativas de 2026”.

“El Presidente de la República ha intentado de varias formas hacer la consulta popular. Esta consulta la ha intentado en hasta tres ocasiones, con tres propuestas distintas, y variantes en el contenido de lo que se quiere someter al pueblo”, dijo.

Agregó que el jefe de Estado quiere llamar a las urnas de cualquier manera. “No importa el contenido puntual de lo que se pregunte, lo esencial es el proceso político de movilización de masas en un contexto electoral o, si se quiere, preelectoral. Lo que se pretende generar con la convocatoria, mediante el decreto que se anuncia, es, por una parte, centrar la atención de los colombianos en la mecánica política, en la polarización y en la radicalización de la opinión pública según algunos sectores del espectro político, pero esencialmente no será en los resultados de gobierno”.