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Noticia
En audiencia de acusación contra Sandra Ortiz, su defensa se opuso a que la UNGRD sea reconocida como víctima
La exfuncionaria del Gobierno está tras las rejas debido al escándalo. Sus presuntos socios fueron imputados.
La exconsejera Sandra Ortiz volvió a los estrados judiciales por cuenta del escándalo de la UNGRD. Ante el Juzgado 8 Especializado de Bogotá, la Fiscalía la convocó este jueves para leerle el escrito de acusación en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, de los cuales se ha declarado inocente.
Ortiz está privada de su libertad debido a su presunta participación en este entramado criminal dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que en su caso particular la tiene como el presunto enlace entre Carlos Ramón González e Iván Name para el envío de grandes sumas de dinero y la coordinación de encuentros, en los que se pactarían las coimas a congresistas a cambio de favorecer con votos al Gobierno.
Esos encuentros los habría organizado a finales de 2023 en Bogotá, donde es señalada de haberle entregado 3.000 millones de pesos en efectivo a Name, entonces presidente del Senado.
Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones. Foto:Archivo particular
"En Bogotá, entre septiembre y de diciembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por 60.000 millones a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado Iván Name; por un valor superior a los 10.000 millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz. Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecida a Name a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos, y a Calle de 1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la UNGRD, que Olmedo López entregaría", le dijo a Ortiz la fiscal María Cristina Patiño en una audiencia de noviembre del año pasado, cuando la imputó por dos delitos.
Por esos hechos, sus presuntos socios Olmedo López, Iván Name, Sneyder Pinilla y Carlos Ramón González ya fueron procesados por la justicia. Todos están tras las rejas excepto González, exdirector del Dapre y de la DNI que salió del país sin dar a conocer su rumbo. En su caso, la Fiscalía también lo imputó por ser el presunto cerebro de esta empresa criminal para desfalcar al Estado con contratos direccionados y coimas.
Sandra Ortiz a su llegada a la Corte. Foto:Jesús Blanquicet/ EL TIEMPO:
La acusación de la Fiscalía
Este jueves, el ente acusador volvió a presentarse ante un juzgado para llamar a juicio a la exconsejera para las Regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya son varios los exaltos funcionarios del Ejecutivo respondiendo por su presunta actuación delictiva. En los próximos días se espera que sea imputado el exministro Ricardo Bonilla, por otro capítulo que comprende esta organización ilegal.
Al momento de presentarse ante la jueza especializada, Ortiz elevó un saludo a su defensa, las fiscales y el resto de presentes. Después tomaron la palabra los abogados de las entidades que se consideran víctimas, como la Contraloría y la UNGRD, para pasar al veedor Pablo Bustos, quien representa a la comunidad de La Guajira que resultó afectada. Todos argumentaron por qué deben ser reconocidos como perjudicados en este escándalo.
Audiencia de acusación contra Sandra Ortiz por caso UNGRD. Foto:
Gabriel Sandoval, fiscal delegado para esta audiencia, dijo que no le ve inconvenientes al reconocimiento de la Contraloría y la UNGRD, pero sí mostró reparos a que Bustos funja como ello, debido a que no ha mostrado todo lo necesario para esa representación de la comunidad guajira.
No obstante, la Procuraduría indicó que sí se debe reconocer tal figura, así como a la UNP, entidad que puso a disposición de Ortiz una camioneta en la que se habrían cometido ilícitos en 2023.
Este es Oswaldo Medina, apoderado de Sandra Ortiz. Foto:Oswaldomedina.com
Oswaldo Medina, defensor de la exconsejera, pidió que no se reconozca como víctimas a la UNP y a la UNGRD, debido a que a su consideración no argumentaron por qué deben formar parte del proceso.
Tras un análisis, la decisión de la jueza especializada fue negar a la Red de Veedurías de Colombia, a cargo de Bustos, como víctima en este caso.