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Artista informal con discapacidad visual iba a ser expulsado del Megabus en Pereira pese a haber pagado su pasaje

-En dos ciudades diferentes, s con discapacidad habrían enfrentado discriminación en Megabus y TransMilenio.

Ambos hombres tienen una discapacidad visual y presuntamente vulneraron sus derechos. Foto: CORTESÍA

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Danna Valeria Figueroa Rueda

10.06.2025 16:01 Actualizado: 10.06.2025 16:01

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Javier Enrique, un cantante informal con discapacidad visual total, fue obligado a abandonar un Megabus en Pereira el pasado 2 de junio a las 6:00 p.m., pese a haber abordado como pasajero. El artista grabó en video cinco minutos de discusión, en los que se escuchaba al personal del sistema de transporte y a un policía de fondo; varios s intervinieron en su defensa y presenciaron la prohibición de embarcarlo junto a su esposa hasta que un superior ordenó continuar el recorrido.

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“Solo iba de pasajero”: expulsión y vetos en ruta

Según el testimonio de Javier, él y su esposa subieron en la estación Banderas tras una jornada de trabajo informal. “Ustedes saben que cuando me dicen que me retire, yo me retiro sin resistencia; hoy voy de pasajero”, repitió frente a la cámara. Sin embargo, ya en el intercambiador Cuba, un vigilante y un policía les impidieron el . Al abrirse paso, la operadora del megáfono anunció: “Quedan vetados del sistema Megabus”.

En Megabús dijeron que trabajan para “mantener un sistema amable” y evitar vendedores no autorizados. — En Megabús dijeron que trabajan para evitar vendedores no autorizados. Foto:Rocío López

Javier solicitó seguimiento por cámaras para demostrar que no estaba trabajando dentro del articulado, pero ninguna autoridad accedió. Tras minutos de resistencia pasiva y el apoyo de varios pasajeros solidarios en el vagón delantero, el conductor recibió finalmente la orden de cerrar puertas y avanzar, permitiendo al artista y su esposa concluir el viaje hasta la estación Central.

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Una usuaria declaró incomodidad por las ‘actividades de canto’

EL TIEMPO habló con Gustavo Cardona, gerente de Megabus, quien explicó que la evacuación respondió a una denuncia de una usuaria que declaró sentirse incómoda por “actividades de canto y petición de dinero dentro del articulado”, práctica prohibida según el manual de . “Verificamos vía cámaras que se trataba de un recurrente en actividad comercial”, dijo Cardona, y aseguró que trabajan con la Secretaría de Gobierno para “mantener un sistema amable” y evitar vendedores no autorizados.

Desde TransMilenio solo anunciaron que Fiscalía se encargaría del caso. Foto:iStock

La Constitución Política de Colombia y la Ley 1618 de 2013 (Estatuto de Discapacidad) garantizan el derecho de las personas con discapacidad a desplazarse sin discriminación en espacios públicos. La Ley 1482 de 2011 establece sanciones para actos discriminatorios en lugares abiertos al público. Estas normas buscan asegurar la igualdad efectiva y la eliminación de barreras, tanto físicas como actitudinales, en el a servicios masivos de transporte.

Y no es el único caso de discriminación en sistemas de transporte

El 1 de junio, Harold Alexander Novoa, con sordoceguera, fue retenido en la estación Terreros de TransMilenio junto a su madre, quien actúa como su acompañante—derecho reconocido en la Ley 1618—y pese a haber pagado ambos su pasaje. El personal de control habría detenido el bus y llamó a la policía, que según Harold lo agredió físicamente, causándole heridas en el rostro y lesiones en las costillas. Además, perdió la bolsa con más de 300 llaveros que llevaba para la venta, única fuente de ingreso que le permite subsistir.

En ambos casos, s y testigos manifestaron su solidaridad Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

EL TIEMPO se comunicó con el sistema de transporte Urbano TransmMilenio. Sin embargo, su única respuesta fue “Lamentamos ese hecho y el debido proceso lo llevará la Fiscalía”, sin detallar si inició investigación interna.

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En ambos casos, s y testigos manifestaron su solidaridad, según las presuntas víctimas. Harold le anunció a este medio que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, aportando videos, comprobantes de pago y testimonios. La Fiscalía deberá determinar si existió discriminación —con sanciones de hasta 90 salarios mínimos legales diarios según la Ley 1482— y responsabilidades penales o disciplinarias contra vigilantes y agentes involucrados.

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